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Opinión del despacho en base a la declaración de emergencia sanitaria.

Estimados clientes y amigos.

Buenos días, por los medios de comunicación nos hemos enterado, en voz del Secretario de Relaciones Exteriores de México, que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SAR-COV2 (COVID-19), declaración que es confirmada con la aparición en el Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, fechado en 30 de marzo de dos mil veinte, y que como consecuencia de la emergencia se toman medidas que incluyen la paralización de actividades no esenciales en el sector privado.

¿Qué implicaciones legales, para el ámbito laboral, tiene esto?

  1. Visiblemente la Autoridad sanitaria opta por no decretar la contingencia sanitaria que es la que permite, sin procedimiento previo ante autoridad laboral competente, suspender las relaciones de trabajo mediante el pago de una indemnización de hasta un mes de salario mínimo a los trabajadores de los establecimientos laborales que deben de parar.

  1. Al no declarar la contingencia y en su lugar preferir declarar un estado de Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, abre un nuevo escenario para las empresas con actividades no esenciales, a las que se les obliga suspender actividades, en forma genérica, lo que es importante que analicemos:

    1. La declaración de Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no tiene expresamente una regulación en la Ley, como si la tiene la contingencia sanitaria, por lo que para entender el alcance de la medida debemos de recurrir a la causal contenida en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 427º fracción I, el que corresponde a la causal de fuerza mayor, misma que se regula de manera muy diferente a la contingencia sanitaria prevista en el artículo 42ºbis de la Ley laboral invocada.
    1. La declaración de Emergencia ordena suspender actividades de empresas con giros no esenciales para los efectos del combate a las causas de la declaración de Emergencia, lo que nos puede llevar a confusiones graves, pues válidamente se puede alegar que al haberse decretado la suspensión de actividades de la empresa, también implica que los trabajadores que venían laborando desde el hogar suspendan actividades y desde luego ahora será mucho más difícil, solicitar a los trabajadores realicen actividades desde su domicilio.
    1. No obstante lo anterior insistimos en que al empleado se le puede solicitar, mediante convenio, continuar con sus actividades desde su domicilio, ya que evidentemente el ánimo de la declaración de Emergencia y las medidas que se toman es de evitar contagios en centros de trabajo pero no que se puedan seguir realizando actividades de trabajo desde el hogar.

De hecho muchas empresas ya habían iniciado con esta medida de trabajo a distancia, por lo que sería altamente injusto que se deshiciera este avance. Es de esperarse que en una interpretación parcial de la medida, algunos empleados se nieguen a continuar laborando, abriéndose con ello un debate legal sobre si se trata de desobediencia a una orden de trabajo o simple acatamiento de un decreto de autoridad competente.

De nuestra parte insistimos en que debe de prevalecer el ánimo a favor de la continuación de labores sin riesgos de contagios desde el hogar, en el entendido de que no se recurra a sanciones a trabajadores que se nieguen a hacerlo, pero si que se adopten incentivos que pueden ser diferidos al futuro, como es que en próximas promociones o mejoras en el trabajo se les de preferencia.

  1. La Declaración de Emergencia sanitaria y las medidas que se han tomado en materia del trabajo, que como ya dijimos no encuadra en disposición expresa alguna de la Ley Federal del Trabajo, tiene su justificación más cercana en la figura de la denominada causa de fuerza mayor para la suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, la cual está regulada por los artículos 427º fracción I, 429º fracción I y 430º de la Ley Federal del Trabajo, que a su vez disponen que para que pueda declararse la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, tiene que seguirse un procedimiento especial y que la autoridad laboral determiné las condiciones de suspensión, esto es, debe de autorizar la suspensión y establecer el tiempo de duración de la medida y la indemnización que se debe de pagar a los trabajadores durante la inactividad, indemnización que no puede exceder de un mes del salario del trabajador.

Bajo nuestra más estricta opinión, esta medida de aplicar como causa de suspensión de actividades la fuerza mayor es una invasión de competencias a las facultades con que cuenta la autoridad laboral para ello, toda vez que el decreto de medidas adoptadas no tiene el alcance de modificar facultades reservadas para una  autoridad en particular, pues  esto  solamente podría hacerse mediante un decreto de suspensión de derechos humanos y sus garantías, previstos por el artículo 29º constitucional, lo que no existe, ya que expresamente en el texto de decreto de medidas, se declara el respeto a los derechos humanos reconocidos por la constitución.

En consecuencia, sostenemos que el decreto bordea en la inconstitucionalidad al no circunscribirse a los alcances de las facultades que le da nuestra máxima ley.

Para terminar con este punto reiteramos que, con el objeto de aplicarse correctamente la causal de fuerza mayor como causa de suspensión de actividades laborales en empresas con giros no esenciales, se debió de haber dejado a la autoridad laboral para que en cada caso autorizara la suspensión e impusiera las medidas conducentes durante el régimen de suspensión.

  1. Obviamente en la actualidad, la empresa privada se encuentra en un predicamento, pues teniendo la obligación de parar labores no puede acudir ante la autoridad laboral para que establezcan las condiciones que deben de regir durante la suspensión, por lo que en los hechos debe de continuar cubriéndole el salario completo al trabajador, durante este periodo de inactividad.

Hacemos esta afirmación contundente ante el estado de indefensión en que se encuentra el particular al no poder recurrir la medida por encontrarse cerradas las instancias judiciales que pudieran brindarnos un amparo protector.

  1. EN TÉRMINOS PRÁCTICOS, LO QUE LA AUTORIDAD BUSCA ES QUE SE PAREN LABORES EN SECTORES NO ESENCIALES PARA EL COMBATE DE LA SITUACIÓN EMERGENTE Y SE SIGA PAGANDO EL SALARIO COMPLETO DURANTE EL MES QUE COMPRENDE EL TIEMPO PROGRAMADO EN ESTA MEDIDA EMERGENTE.

  1. Que visiblemente esta decisión autoritaria es irregular y deja a la empresa privada limitada a elegir entre:

    1. Acatar la medida en sus términos, suspender labores y pagar salarios completos a los empleados.
    1. Acatar la medida dictada bajo la modalidad de continuar el trabajo desde le hogar, en los puestos que puedan acceder a esta práctica, con el pago completo a los empleados que continúen en activo y procurar un pago reducido a los trabajadores que no puedan hacerlo, lo que se haría bajo convenio suscrito que tenga como justificación la preservación del centro de trabajo.
    1. Enfrentar un proceso futuro de litigio bajo el argumento de que para los efectos constitucionales la declaración de emergencia sanitaria es una argucia de la autoridad, pues en la practica es una declaración de contingencia sanitaria y que se surte de plano la aplicación del artículo 42º bis y 429º fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, lo que ameritaría el pago de un salario mínimo por concepto de indemnización hasta por un mes y en el caso de los trabajadores que continúen laborando desde el hogar, se les cubra su salario completo.

Es entendible que sea difícil una decisión y aún una opinión legal certera dada la situación inédita y notoriamente fuera del orden legal, pero creemos que cada empresa tiene que decidir de acuerdo con sus posibilidades financieras la opción a tomar y ponderar el diálogo con sus empleados, para efecto de llegar a la mejor solución, reiterando nuestra recomendación en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos con los empleados mismos que se deberán de formalizar mediante un CONVENIO en el que se pacten las condiciones del mismo.

Quedamos atentos a sus dudas y comentarios.

Atentamente.

Carlos Javier García Felix y Asociados, S.C.

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